Por: José Omar Peña Muñoz
Comunicador Social y Periodista.
Hay instituciones que trascienden su naturaleza administrativa y empresarial para convertirse en parte de la historia, la identidad y el desarrollo de una sociedad;
EMPITALITO E.S.P. es una de ellas. Para los laboyanos no representa únicamente una empresa encargada de suministrar agua potable, administrar el alcantarillado y prestar el servicio de aseo; representa también una construcción institucional que ha acompañado el crecimiento y la transformación de Pitalito.
Sin embargo, hoy su presente y su futuro están en medio de un debate que merece algo más que confrontaciones políticas, debido a que, desde hace algunos años, tuvo que abandonar su sede antigua, ubicada en la Calle 7 con Carrera 8 (esquina), en el centro de Pitalito, frente al Instituto de Cultura, por fallas en su infraestructura; para arrendar en instalaciones ajenas, lo cual le genera un sobrecosto de funcionamiento por el alto precio del arrendamiento, y nominas elevadas en los empleados.
El alcalde Yider Luna Joven argumenta que la empresa tiene poca capacidad de endeudamiento, de crédito para la construcción de una sede propia y, ha propuesto una enajenación o permuta del predio para buscar soluciones a la reubicación de EMPITALITO, pero la propuesta de disponer de ese patrimonio terminó encontrando resistencia ciudadana y de sus representantes en la Junta Directiva.
El debate no debe reducirse a estar a favor o en contra del alcalde. Hay que reconocer la situación financiera de la empresa, examinar las decisiones administrativas y, sobre todo, cuestionar si vender un activo histórico es realmente la mejor alternativa para garantizar su sostenibilidad.
— Una empresa que hace parte de la historia de Pitalito
EMPITALITO tiene sus antecedentes institucionales en el Acuerdo Municipal 034 del 28 de septiembre de 1989, mediante el cual el Concejo de Pitalito creó las Empresas Públicas Municipales, posteriormente, en 1997, se consolidó la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios que conocemos hoy.
Su evolución ha estado ligada al crecimiento urbano, poblacional y comercial del municipio; la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo ha sido fundamental para el desarrollo de barrios, sectores residenciales, establecimientos comerciales y nuevas zonas de expansión.
Con el paso de los años, la empresa también amplió su estructura institucional, sus capacidades operativas y sus responsabilidades. No se trata, por tanto, de una entidad cualquiera: es una pieza importante de la infraestructura pública y del desarrollo de Pitalito.
El agua que llega a los hogares, el manejo de las aguas residuales y la recolección de residuos son servicios esenciales que inciden directamente en la salud pública, el medioambiente, la calidad de vida y la competitividad de una ciudad; porque patrimonio no es solamente un inmueble y eso es uno de los asuntos que ha despertado mayor discusión para el futuro del predio donde funcionó durante años la sede principal de EMPITALITO.
La empresa tuvo que abandonar sus instalaciones desde el 2020, luego de conocerse problemas de deterioro estructural que representaban riesgos para su funcionamiento. Desde entonces, comenzó a operar en instalaciones arrendadas, generando una obligación económica que se ha prolongado durante el tiempo.
Aquí aparece una contradicción que merece atención: una empresa pública que tiene un inmueble propio, pero que debe pagar arriendo para desarrollar sus actividades administrativas.
El problema de fondo no es reconocer la necesidad de una sede adecuada y segura; por supuesto que la empresa necesita instalaciones que respondan a sus condiciones operativas. La pregunta es si la solución debe pasar necesariamente por vender o entregar un activo que forma parte de su patrimonio.
El predio según informes de prensa tiene una extensión reportada de 2.096 metros cuadrados y un valor económico de cerca de los 6.000 mil millones de pesos, y su eventual enajenación o permuta ha generado interrogantes sobre su valoración, destinación, condiciones jurídicas y conveniencia económica.
No se puede desconocer que el deterioro de una infraestructura puede hacer inviable su ocupación; pero tampoco significa que el terreno haya perdido su valor estratégico, económico o patrimonial.
— Las finanzas: una realidad que no se puede oculta
Defender el patrimonio de EMPITALITO tampoco significa desconocer sus dificultades. Sería irresponsable convertir la historia de la empresa en un argumento para ignorar sus problemas de funcionamiento administrativo.
Los cuestionamientos sobre los costos de funcionamiento, la planta de personal, las obligaciones laborales, los contratos de prestación de servicios y los gastos de arrendamiento deben examinarse con rigor.
Los salarios de los trabajadores y empleados merecen respeto, pero también deben responder a criterios de eficiencia, sostenibilidad y responsabilidad con los recursos públicos. No se trata de descalificar a quienes trabajan en la empresa, sino de establecer si su estructura administrativa y sus costos guardan proporción con los ingresos y las necesidades reales de operación.
El informe de gestión de 2025 deja elementos que merecen especial atención. La propia Oficina de Control Interno recomendó revisar los gastos de personal por prestación de servicios, cuyo incremento progresivo fue objeto de observación, así como fortalecer las medidas de austeridad.
En ese mismo informe aparecen compromisos de funcionamiento superiores a los $13.500 millones y compromisos de deuda pública cercanos a los $2.000 millones. Son cifras que exigen una lectura responsable y una explicación pública sobre la capacidad financiera de la entidad.
La discusión no puede limitarse a señalar que los trabajadores ganan mucho o que la empresa gasta demasiado. Hay que conocer cuánto recauda, cuánto cuesta operar, cuánto debe, cuáles son sus obligaciones y qué recursos necesita para invertir y ampliar la cobertura.
Porque una empresa de servicios públicos no puede sobrevivir únicamente pagando nómina, arriendos y obligaciones administrativas. También necesita invertir en redes, infraestructura, mantenimiento, tecnología y mejoramiento de la prestación de los servicios.
— La propuesta de disponer del predio y la respuesta ciudadana
La discusión tomó mayor dimensión cuando desde la Administración Municipal se planteó la posibilidad de enajenar o permutar el inmueble de la antigua sede, como una alternativa para resolver el problema locativo y mejorar las condiciones financieras y operativas de EMPITALITO.
La consideración del alcalde Yider Luna Joven, de enajenar el predio y de no trasladar más costos en las facturas a los usuarios, es una propuesta que merece ser escuchada; nadie quiere que las familias laboyanas terminen pagando las consecuencias de una entidad financieramente debilitada.
Pero tampoco se puede asumir que disponer de un bien público sea la única salida posible.
La propuesta encontró resistencia entre representantes comunitarios, veedurías y sectores ciudadanos que reclamaron mayores explicaciones y garantías sobre el destino de ese patrimonio.
El 11 de noviembre de 2026, la Junta Directiva de EMPITALITO decidió no autorizar la enajenación ni la permuta del inmueble. La mayoría de los representantes comunitarios y el vocal de control se opusieron a disponer del activo.
La decisión constituye un mensaje importante: el patrimonio público no puede comprometerse sin suficiente deliberación, información y participación de quienes tienen el deber de vigilarlo.
Y hay un antecedente que tampoco puede pasarse por alto. La Personería Municipal de Pitalito, había anunciado una actuación preventiva frente al trámite relacionado con el inmueble, luego de solicitudes ciudadanas y requerimientos de información sobre los estudios de viabilidad y las condiciones jurídicas de la operación.
El debate, por tanto, no es simplemente una diferencia entre el alcalde, la ciudadanía y algunos integrantes de la Junta Directiva. Es una discusión sobre la responsabilidad de administrar bienes que pertenecen al interés público.
— El verdadero desafío: salvar la empresa sin sacrificar su patrimonio
El alcalde tiene razón en algo fundamental: no se puede seguir administrando una empresa pública sin considerar su realidad financiera, ni pretender solucionar sus dificultades trasladando permanentemente los costos a los usuarios.
Pero la comunidad también tiene razones para exigir que las decisiones sobre los bienes de EMPITALITO estén sustentadas en estudios técnicos, jurídicos y financieros, con alternativas transparentes y verificables.
La pregunta que debe responderse no es solamente cuánto cuesta mantener el inmueble, sino cuánto le costaría a la empresa desprenderse de él, qué recibiría a cambio y si esa operación realmente resolvería sus problemas estructurales.
Tampoco basta con cambiar de sede para garantizar la sostenibilidad financiera. Si existen dificultades en la estructura administrativa, en los gastos de funcionamiento, en el recaudo o en la planeación de las inversiones, esos asuntos deben corregirse independientemente de dónde funcione la empresa.
EMPITALITO necesita una gerencia con capacidad técnica, una Junta Directiva que actúe con independencia y responsabilidad, una administración municipal que acompañe sin convertir la empresa en escenario de intereses políticos y una ciudadanía que ejerza vigilancia sin renunciar a la participación.
El patrimonio público no es una caja menor para resolver dificultades administrativas, pero tampoco puede convertirse en un bien intocable que impida encontrar soluciones.
Pitalito necesita una empresa pública financieramente saludable, moderna, eficiente y con capacidad de responder a los desafíos del crecimiento urbano. Una institución que no solamente garantice agua, saneamiento y aseo, sino que tenga futuro y capacidad de inversión.
EMPITALITO no puede vivir de sus recuerdos, pero tampoco puede desconocer la historia que representa; porque vender un terreno puede significar recibir recursos y resolver una necesidad inmediata; sin embargo, perder un patrimonio sin demostrar que la operación es conveniente podría convertirse en un costo mucho mayor para las próximas generaciones.
La defensa de EMPITALITO no consiste en proteger una edificación, un cargo o una administración. Consiste en proteger una empresa que pertenece a los laboyanos. Y salvarla financieramente no debería significar despojarla de su patrimonio, sino recuperar su capacidad de gestión, inversión y servicio público.
Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal y no comprometen la línea editorial ni periodística de La Voz de la Región.

