Por: José Omar Peña Muñoz
Comunicador social y periodista
Prometer bajar los impuestos y terminar proponiendo más impuestos al consumo, es una de esas contradicciones políticas que merecen una explicación pública.
El presidente Abelardo de la Espriella llegó al poder con un discurso de reducción del gasto, recuperación económica y alivio para los ciudadanos. Sin embargo, su proyecto de Ley de Rescate Fiscal y Económico abre un interrogante que no puede pasar inadvertido: ¿quién terminará pagando la cuenta de la llamada salvación económica del país?
Según la iniciativa, compuesta por 106 artículos, plantea una profunda reorganización del Estado, con la propuesta de reducir de 209 a 104 las entidades nacionales de la rama ejecutiva, mediante la eliminación o fusión de organismos. El Gobierno también proyecta ahorros cercanos a los $45 billones y solicita facultades extraordinarias para avanzar en su reestructuración administrativa.
Reducir la burocracia puede ser una decisión necesaria. El Estado debe revisar sus gastos y administrar con responsabilidad los recursos públicos. Pero una cosa es reducir el aparato estatal y otra muy distinta es trasladar el costo de ese propósito a los ciudadanos que viven de su salario, a los pequeños comerciantes, a los trabajadores independientes y a las familias que día a día hacen cuentas para llegar a fin de mes.
La pregunta no es solamente cuánto pretende ahorrar el Gobierno, sino de dónde saldrá el dinero y quién tendrá que ponerlo.
— El café también paga la factura
Uno de los aspectos más sensibles de la propuesta es la ampliación de la base gravable del IVA para determinados productos. Entre los bienes mencionados en el proyecto figuran el café, el azúcar, el cacao, algunos alimentos e insumos agropecuarios, además de frutas y verduras que podrían pasar de una tarifa del 5% al 19%, según el análisis previsto para cada producto.
De concretarse estas medidas en los términos planteados, el impacto no solo se verá en las cajas registradoras de los supermercados. También alcanzá al campo colombiano, a los productores y a las economías regionales que dependen de las actividades agropecuarias.
Pensemos en el café, uno de los principales renglones productivos del departamento del Huila. El caficultor enfrenta los costos de los fertilizantes, que también tendrían incremento del IVA, la mano de obra, el transporte y los insumos necesarios para sostener su cultivo. Si, además, se encarecen los bienes y servicios gravados que se necesita para producir, la presión sobre sus costos puede aumentar.
Y si el café que llega al consumidor también soporta una mayor carga tributaria, surge una contradicción difícil de ignorar: se encarece la producción y, al mismo tiempo, podría encarecerse el producto que compra el ciudadano.
Subirle el IVA al café, y a los abonos con los que se fertiliza el café, para luego ir al supermercado y comprar el café, con el impuesto agregado, es una de las extremas incoherencias de Abelardo de la Espriella.
Dónde quedará entonces, el discurso de respaldo al campo, de fortalecimiento de la economía rural y de alivio para los productores.
El problema tampoco termina en el café. Cuando se encarecen los alimentos, el efecto se siente con mayor fuerza en los hogares de ingresos bajos y medios, porque una parte importante de su presupuesto se destina a la alimentación. El impuesto puede ser el mismo en términos porcentuales, pero su impacto económico no es igual para quien devenga un salario mínimo que para quien recibe ingresos millonarios.
— La clase media, entre el salario y los impuestos
Otro de los puntos que merece especial atención es el tratamiento tributario de las personas naturales y de las empresas. La propuesta contempla cambios en los umbrales y beneficios tributarios, así como modificaciones a la exoneración de determinados aportes parafiscales sobre la nómina.
De acuerdo con el articulado descrito, limitar ciertos beneficios empresariales a trabajadores con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, podría incrementar los costos laborales para algunas compañías.
Si ese mayor costo no se compensa con productividad o crecimiento económico, existe el riesgo de que las empresas frenen nuevas contrataciones, moderen los aumentos salariales o encuentren mayores dificultades para formalizar empleos.
En otras palabras, una medida concebida para aumentar el recaudo puede terminar generando presiones adicionales sobre el mercado laboral. No es un efecto inevitable, pero sí un riesgo que el Congreso debe evaluar antes de aprobar una reforma de esta magnitud.
A esto se suman los cambios planteados para el impuesto de renta de las personas naturales, que, según la propuesta descrita, alcanzarían a contribuyentes con ingresos mensuales desde aproximadamente $5,5 millones, además de modificaciones relacionadas con las deducciones y los aportes de los trabajadores independientes.
Aquí aparece uno de los grandes problemas de la discusión fiscal: la clase media no siempre es rica, aunque tenga un empleo formal, un vehículo, una vivienda financiada o un ingreso superior al promedio. Detrás de esos ingresos hay hipotecas, arriendos, educación, salud, alimentación y obligaciones familiares.
Un salario de cuatro o cinco millones de pesos puede parecer elevado sobre el papel, pero su capacidad real de compra depende de las responsabilidades económicas de cada hogar. Gravar más esos ingresos sin considerar el conjunto de las cargas familiares puede reducir el margen de ahorro, el consumo y las posibilidades de movilidad social.
La clase media no puede convertirse en la caja registradora de un Estado que necesita corregir sus desequilibrios fiscales.
¿Y las grandes fortunas?
La discusión adquiere otra dimensión cuando se examinan las modificaciones propuestas al impuesto al patrimonio. Según las cifras expuestas sobre la iniciativa, el umbral mínimo para aplicar este tributo pasaría de 72.000 a 95.500 UVT, lo que elevaría el piso patrimonial a cerca de $5.000 millones, frente a los aproximadamente $3.771 millones señalados para el umbral anterior. También se plantea que este impuesto tenga una fecha de terminación en 2030.
Si estos cambios se mantienen en el texto definitivo, el resultado sería una reducción del universo de patrimonios sujetos al gravamen.
Un impuesto sobre los alimentos puede representar una carga considerable para una familia que vive con lo justo. Para un hogar de ingresos elevados, ese mismo incremento puede resultar marginal. Por eso, antes de hablar de sacrificios colectivos, el Gobierno debe explicar con claridad cómo distribuye el esfuerzo fiscal entre los distintos sectores de la sociedad.
El Gobierno sostiene que su plan de ajuste busca recuperar la estabilidad de las finanzas públicas, reducir el déficit y mejorar la confianza de los mercados. Son objetivos legítimos. Ningún país puede ignorar indefinidamente sus desequilibrios fiscales ni financiar sus obligaciones sin ingresos suficientes.
Pero el equilibrio de las cuentas públicas no puede convertirse en un fin que justifique cualquier costo social, pues las promesas de campaña no pueden convertirse en letra muerta cuando llega la hora de gobernar.
Ahora la responsabilidad está en manos del Congreso de la República, sus integrantes tienen la obligación de examinar el proyecto artículo por artículo, evaluar sus consecuencias y corregir cualquier disposición que termine profundizando las desigualdades o golpeando desproporcionadamente a quienes menos capacidad tienen para absorber nuevos costos.
La disciplina fiscal es necesaria; el despilfarro debe combatirse, la burocracia injustificada debe reducirse y los recursos públicos deben administrarse con rigor, pero la austeridad también debe empezar por el propio Estado y acompañarse de una distribución justa de las cargas tributarias,
al final, el verdadero éxito de una política económica no se mide únicamente en los aplausos ni en las cuentas que solo cuadran sobre el papel. Se mide en la capacidad de las familias para comprar alimentos, en las posibilidades de los trabajadores de mejorar sus ingresos, en la estabilidad de las empresas y en las condiciones de vida de quienes producen la riqueza del país.
Porque si el rugir de la «Patria Milagro» termina convertido en el silencio de los bolsillos vacíos, la prometida salvación económica, corre el riesgo de convertirse en una factura que los colombianos no estaban dispuestos a pagar.
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