Por: Jose Omar Peña Muñoz
Comunicador Social y Periodista.
Cuando apenas transcurre más de dos meses del Gobierno de Abelardo de la Espriella, la protesta social vuelve a ocupar las calles, y Colombia ya enfrenta un pulso político que pone en evidencia los riesgos de una administración que como lo dijo en campaña, privilegiará la autoridad, la sanción y la confrontación por encima del diálogo social. La movilización vuelven a entonar los gritos de derechos sociales, pero con ella, crece la preocupación por el rumbo que podría tomar el país bajo un proyecto político de extrema incoherencia.
Con este contexto, reaparece una pregunta que la democracia no puede evadir: ¿hasta dónde podría llegar éste Gobierno de hultraderecha para imponer su autoridad frente a la inconformidad ciudadana?
Ésta primera movilización donde participaron sindicatos, docentes, estudiantes y organizaciones sociales, convocados por centrales obreras como la CUT y Fecode, protagoniza la primera protesta nacional contra el nuevo gobierno, que pone a prueba la relación entre el Presidente de la República y los sectores que cuestionan sus primeras decisiones. El pulso político apenas comienza, pero el ambiente ya refleja una creciente confrontación.
Un Gobierno democrático no puede confundir el ejercicio de la autoridad con el derecho a imponer su voluntad sin resistencia. Mucho menos puede asumir que quienes cuestionan sus decisiones son enemigos del Estado. Esa lógica de amigo y enemigo, tan propia de los proyectos políticos radicalizados, termina convirtiendo la diferencia en una amenaza, y la protesta, en punto blanco de las represiones disfrazadas de autoridad.
Para los convocantes, el principal desacuerdo que condujo a la primera marcha del 14 de octubre del 2026, fue el rechazo al Decreto 1525, expedido por De la Espriella para regular la actuación de la fuerza pública durante las manifestaciones;
estas decisiones representan un riesgo para las libertades democráticas y podrían abrir la puerta a la intimidación o la criminalización de la protesta. El Gobierno, por su parte, defiende la necesidad de garantizar el orden público, actuar frente al vandalismo y evitar bloqueos que afecten la movilidad, el trabajo y los derechos de terceros.
Ambas posiciones deben examinarse sin prejuicios. Protestar es un derecho constitucional; garantizar la seguridad y la libre circulación también es una responsabilidad estatal. Sin embargo, el orden público no puede convertirse en una excusa para restringir derechos, así como la protesta tampoco puede justificar actos de violencia.
— La mano dura no puede ser el proyecto de país.
Lo preocupante de este comienzo no es solamente la expedición de un decreto. Es el mensaje político que puede desprenderse de una estrategia que endurece las condiciones de intervención policial mientras crece la inconformidad social. «La Defensoría del Pueblo advirtió el 14 de octubre sobre posibles problemas en la nueva regulación, particularmente por el tratamiento que puede llegar a dar la policía ante los bloqueos y, porque el diálogo podría dejar de ser una condición previa para determinadas intervenciones».
Aquí aparece una de las mayores contradicciones de la ultraderecha: invocar la defensa de la democracia mientras se promueven medidas que despiertan temores sobre el ejercicio de las libertades. La seguridad es necesaria, pero no puede convertirse en una palabra que justifique cualquier decisión del poder. Un Estado fuerte no es aquel que intimida a sus ciudadanos, sino el que sabe actuar con firmeza sin atropellar sus derechos.
También preocupa que las universidades que históricamente son escenarios de pensamiento crítico, debate y movilización estudiantil, terminen señaladas y convertidas en espacios de sospecha permanente frente a la autoridad. La autonomía universitaria no puede tratarse como un obstáculo para el Gobierno, ni el libre pensamiento crítico estudiantil como una amenaza que deba resolverse mediante la fuerza.
A este panorama de inconformidad se suman los anuncios de ajustes, recortes o desfinanciación de programas e instituciones sociales, la pregunta resulta inevitable: ¿quién asumirá el costo de una agenda gubernamental que puede profundizar las tensiones con los trabajadores, los maestros, los estudiantes y las comunidades más vulnerables?, La discusión no puede limitarse a cuánto orden consigue imponer el nuevo gobierno, sino a qué derechos está dispuesto a proteger y qué necesidades ciudadanas está dispuesto a atender.
— Si así comienza el Gobierno de ultraderecha de Abelardo de la Espriella, ¿cómo será el final de su mandato?
Todavía es temprano para anticipar el desenlace, pero la primera gran movilización realizada el 14 de octubre de manera masiva y pacífica en las diferentes ciudades del país, deja una señal política clara: gobernar no consiste solamente en ejercer autoridad, sino también en escuchar a quienes piensan distinto. Cuando un Gobierno interpreta la crítica como una amenaza y la ciudadanía percibe la autoridad como una imposición, la democracia entra en una zona de riesgo.
Porque la verdadera fortaleza de un presidente no se mide por su capacidad de contener las marchas, sino por su disposición a garantizar que quienes salen a las calles puedan regresar a sus casas con sus derechos intactos, con su integridad física y, lo más importante.
Con vida.
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