Su cercanía familiar con una candidata al Congreso de la República y la aparente influencia llevó a que se interpusiera una denuncia en su contra.
Por: Héctor Fabio Muñoz Figueroa.
Se presentó una denuncia formal ante altos funcionarios de control del Estado colombiano contra el alcalde de La Plata (Huila), Camilo Ospina Martínez, y el Director de Investigaciones de la Contraloría General de la República, Sergio Antonio Medina Martínez (esposo de la candidata y cuñado del alcalde), por presuntos delitos electorales y de corrupción.
Según el documento radicado por Juan Vargas Ortiz, se acusa a ambos funcionarios de tráfico de influencias, presión indebida, constreñimiento al elector, uso de información privilegiada y actos de corrupción para beneficiar la campaña de Lucy Mireya Bravo Obando, candidata a la Cámara de Representantes por el Huila y esposa de Medina.
La denuncia alega que Medina, desde su posición en la Contraloría (incluso tras un traslado), utiliza expedientes de procesos fiscales abiertos contra exalcaldes, concejales, gerentes de hospitales y funcionarios del Huila (como casos en Pitalito, Neiva, Garzón y otros) para presionar votos a favor de su esposa.
Se menciona contactos para «cuadrar» situaciones procesales, dilaciones o cierres selectivos de investigaciones a cambio de apoyo electoral, convirtiendo el miedo en estrategia de campaña.
Paralelamente, se señala al alcalde Ospina Martínez de presionar contratistas, líderes, ciudadanos y funcionarios en La Plata mediante el manejo de recursos públicos, contratación y acceso a la Registraduría municipal para condicionar voluntades y movilizar votos hacia su cuñada Bravo Obando.
Se habla de listados de procesos para «alinear» electoralmente a investigados, negociaciones clandestinas y una supuesta «maquinaria de corrupción política» desde el control fiscal.
La misiva, dirigida al Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, la Fiscal General de la Nación, la Misión de Observación Electoral MOE y Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, urgió una investigación inmediata para proteger la democracia, evitar afectación a los recursos públicos y salvaguardar la inversión social en el Huila, afectado por hallazgos fiscales en hospitales y alcaldías.