El incumplimiento a la entrega de tierras en el norte del Huila y el inconformismo de comunidades con ENEL Colombia llevaron a las manifestaciones.
Por: Gisela Hurtado Celis.
En el departamento del Huila se registran simultáneamente dos protestas que afectan la movilidad y generan tensión en diferentes zonas, evidenciando el malestar de sectores productivos por incumplimientos de compromisos institucionales.
Ambas movilizaciones, iniciadas en la madrugada de este 23 de febrero de 2026, reflejan demandas históricas de comunidades rurales y gremios ante entidades públicas y privadas.
Por un lado, aserradores de municipios como Gigante, Garzón y El Agrado mantienen bloqueado desde tempranas horas el acceso principal a las oficinas de ENEL Colombia en el sector Paso del Colegio.
Los manifestantes, pertenecientes a varias asociaciones del gremio maderero, reclaman presuntos incumplimientos en acuerdos previos firmados con la compañía energética, posiblemente relacionados con suministro eléctrico, compensaciones o proyectos conjuntos.
Permanecen en el lugar exigiendo diálogo inmediato y respuestas concretas, mientras autoridades locales monitorean la situación para evitar afectaciones mayores en la operación de las instalaciones y la movilidad urbana del sector.
Por otro lado, en la vereda El Venado, norte del Huila, cinco organizaciones campesinas —lideradas principalmente por habitantes de Baraya— ejecutan un paro indefinido con bloqueo total de la vía que comunica Neiva con Tello, Villavieja, Baraya, Colombia y el corregimiento de Fortalecillas.
Desde las 4:00 a.m., los manifestantes protestan contra el gobierno nacional por la falta de avances en la adjudicación de tierras y el cumplimiento de compromisos productivos acordados previamente.
Aunque permiten aperturas intermitentes cada hora —para vehículos esenciales como ambulancias—, el taponamiento genera congestión vehicular significativa y preocupación entre transportistas y habitantes de la región.
Ambas acciones continúan en desarrollo, con llamados a mesas de negociación para resolver las disputas y restablecer la normalidad. Las autoridades evalúan impactos y posibles mediaciones.