Una acción de tutela interpuesta por tres estudiantes menores de edad fue fallada contra el municipio, el cual deberá resolver la problemática denunciada.
Por: Héctor Fabio Muñoz Figueroa.
El gobierno del alcalde Francisco Calderón Feriz inició los trámites para dar cumplimiento a la orden judicial emitida en 2025, que obliga a resolver una problemática que la comunidad de la vereda El Balseral venía denunciando desde hace 10 años.
La Alcaldía contratará los estudios y diseños técnicos por 91 millones de pesos para la construcción de un puente peatonal y vehicular sobre la quebrada “Las Damas”, que comunica la vereda El Balseral con el centro poblado El Paraíso.
Este proceso, liderado por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas a cargo del secretario Carlos Felipe Tovar Vargas, busca establecer los requerimientos técnicos de la obra para posteriormente gestionar los recursos ante instancias del orden regional y nacional, y así resolver de forma definitiva la situación.
La acción de tutela fue interpuesta por las menores Michell Dayana Muñoz Molina, Emilyn Shamara Vásquez Urbina y Evelyn Prada Sanabria, representadas por Joaquín Torres Nieves de la Fundación LEYPOAR, otros 17 estudiantes de la vereda enfrentan la misma dificultad.
Las estudiantes residen en El Balseral y asisten a la Institución Educativa Ramón Alvarado Sánchez en El Paraíso. Actualmente deben cruzar un precario puente artesanal de madera sin barandas, lo que pone en riesgo su vida e integridad, especialmente cuando el caudal crece en temporada invernal.
La sentencia del Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas de Garzón del 14 de julio de 2025, modificada por el Juzgado Primero Penal del Circuito el 27 de agosto de 2025, ampara los derechos fundamentales a la educación, la vida y la integridad personal de las menores.
Ordena a la Alcaldía realizar los estudios previos, el diseño y la disposición de recursos en el presupuesto, además de implementar un plan de contingencia.
Con esta iniciativa, la administración municipal busca garantizar un acceso seguro a la educación y servicios básicos, cumpliendo con la orden judicial y atendiendo una demanda histórica de la comunidad rural de Garzón.