En el trámite de aprobación de un empréstito por 2500 millones de pesos se habrían incumplido varias normas legales.
Por: Héctor Fabio Muñoz Figueroa – @hefamu1
En el municipio de Baraya, norte del departamento del Huila, se han detectado serias inconsistencias e irregularidades en el trámite y aprobación del Acuerdo Municipal N.º 16 de 2025, mediante el cual el Concejo Municipal autorizó al alcalde contratar un empréstito público por $2.500.074.043 destinados a financiar proyectos de inversión conforme al Plan de Desarrollo Municipal.
El Proyecto de Acuerdo N.º 17 fue aprobado en octubre de 2025 por seis concejales, sin contar con el concepto técnico previo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), requisito indispensable para operaciones de crédito público interno según la normativa vigente y jurisprudencia del Tribunal Administrativo del Huila, que ha declarado nulos acuerdos similares en municipios como Teruel y Yaguará por esta omisión.
A pesar de conocer tales vicios —incluida la ausencia del concepto del DNP y otras inconsistencias formales—, la oficina jurídica de la Gobernación del Huila no objetó el acuerdo, generando cuestionamientos sobre posible aplicación desigual de criterios y extralimitación de funciones en el control de legalidad.
Adicionalmente, el proyecto incluye la demolición del antiguo colegio Antonio Baraya para adecuar el terreno a un futuro proyecto de vivienda, pese a que dicho inmueble es propiedad de la Institución Educativa Antonio Baraya y no del municipio, lo cual configura una potencial violación al principio de legalidad y podría tipificar figuras como prevaricato, abuso de autoridad, peculado por apropiación o concierto para delinquir.
El concejal Jorge Eduardo Perdomo Gaitán interpuso acción de nulidad simple contra el acto administrativo ante el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva.
La demanda fue inadmitida por defectos formales —como la incorrecta identificación del acto (se demandó el proyecto en lugar del acuerdo), falta de aportación del documento, omisión de normas infringidas y carencia de datos para notificaciones electrónicas—, si bien se presentó subsanación y el proceso se encuentra en esa etapa.
Pese a las irregularidades advertidas, el alcalde municipal persiste en ejecutar el acuerdo, gestionando ante entidades financieras el desembolso del crédito. Tales hechos a criterio de varios barayunosrevisten gravedad suficiente para generar eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales para los concejales involucrados, el exsecretario de Planeación y demás funcionarios por acción u omisión.
Desde distintos sectores políticos y sociales del municipio se ha llamado la atención del Procurador Regional del Huila, Jorge Antonio Vásquez Subiroz, instándolo a iniciar investigación disciplinaria contra el alcalde Luis Enrique Cardozo Tovar, los concejales que aprobaron el acto y los demás servidores públicos que intervinieron en el proceso, con el fin de verificar las presuntas irregularidades y determinar las responsabilidades correspondientes conforme a la normativa disciplinaria.