Por medio de estos esfuerzos, se ha avanzado en temas estratégicos como las agendas productivas agropecuarias municipales.
Por: Vaneza Celis Orozco – @vanee_co
Una de las estrategias más importantes enmarcadas dentro de la política de construcción de un nuevo modelo de desarrollo productivo territorial, es la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural, siendo un pilar fundamental para hacer más competitivo el sector agropecuario, el cual es desarrollado de la mano de la UPRA, entidad técnica adscrita al Ministerio de Agricultura, y los actores territoriales, quienes han brindado sus frutos permitiendo al departamento contar hoy con información aterrizada a través de mapas de aptitud de uso de suelo, como un poderoso instrumento para desarrollar de manera efectiva los proyectos productivos, y que se complementa con esta estrategia.
Este plan permite combinar la vocación productiva, la aptitud de uso del suelo, el establecimiento de los cultivos, la oferta en materia de infraestructura, para avanzar en la consolidación de una ruta para esas zonas, esos clúster de producción agropecuaria, que generan materias primas y principalmente alimentos que hoy tienen una alta demanda local y mundial.
Así lo resaltó Fidel Londoño Stipanovic, Profesional Especializado de la UPRA, durante el Foro Regional ¿Cómo aterrizar el Plan Nacional de Desarrollo en las Regiones?, quien sostuvo que el Huila hoy es ejemplo a nivel nacional en materia de planificación, y esto permitirá poner en marcha lo que está planeado, evaluar a futuro para saber si funcionó, cumplir con la visión propuesta, y de esa manera fortalecer el sector agropecuario.
Además, es de resaltar que por medio de esta suma de esfuerzos, se ha avanzado en temas estratégicos como las agendas productivas agropecuarias municipales, donde están priorizadas las alternativas productivas, con una perspectiva para surtir no solo los mercados locales, sino también nacionales e internacionales.
Así mismo, se ha logrado avanzar positivamente en el plan de regularización de la propiedad rural, como una estrategia que permite trabajar de la mano de entidades públicas como la Agencia Nacional de Tierras – ANT, la Superintendencia de Notariado y Registro, Cooperación Internacional, entre otros actores.