Como causa de la acción legal está el inconformismo de padres de familia con la falta de continuidad en la prestación del servicio de transporte escolar.
Por: Gisela Hurtado Celis.
El Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe admitió la acción de tutela interpuesta por Laura Katerine Poveda Vera, en representación de su hija menor Oriana, contra el Municipio de Aipe y el Departamento del Huila.
La tutela busca la protección de los derechos a la educación y la dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes del área rural, ante la falta de servicio de transporte escolar.
Según el documento judicial, la madre de familia alega que las entidades territoriales no han garantizado este servicio de manera oportuna, pese a que existe un proceso de contratación pública en SECOP 1 con la empresa Pony Especial S.A.S por un valor de $1.397.296.130.
La decisión del 28 de mayo ordena notificar al alcalde municipal Luis Ángel Ramírez Vargas, al gobernador Rodrigo Villalba Mosquera y a otras entidades vinculadas, concediendo un término de dos días hábiles para que presenten informe y pruebas.
El despacho también vinculó a la Institución Educativa Jesús María Aguirre Charry y otras dependencias educativas. La jueza Gina Marcela Molina Vidal firmó la providencia que admite la tutela y ordena las notificaciones correspondientes.