Trazarán una nueva hoja de ruta de la justicia transicional en la región para garantizar la protección integral de los derechos de las víctimas.
Por: Héctor Fabio Muñoz Figueroa.
En un encuentro de suma importancia para la justicia transicional en el sur del país, la fiscal del grupo territorial de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en Neiva, Rosabel Flórez Alarcón, y la defensora regional del Huila, Quimberly Ninoska Trujillo Lugo, formalizaron una alianza de articulación institucional sin precedentes.
El objetivo principal es unificar esfuerzos para garantizar que las víctimas del conflicto armado en el Huila no solo sean escuchadas, sino que reciban un respaldo técnico y jurídico robusto en el marco de los macrocasos que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Esta cooperación busca superar las históricas barreras de acceso y el temor que han enfrentado las víctimas al participar en procesos judiciales. Entre las metas destacan: crear canales de comunicación más ágiles para ofrecer asesoría oportuna en municipios distantes, asegurar acompañamiento permanente de la Defensoría para evitar la revictimización y llevar la oferta institucional a las zonas rurales más afectadas, como el occidente y norte del departamento.
Durante la reunión, la fiscal Rosabel Flórez Alarcón destacó que la UIA requiere del “brazo protector” de la Defensoría para que los procesos de investigación y acusación sean transparentes y centrados en la dignidad humana.
Por su parte, la defensora Quimberly Ninoska Trujillo Lugo afirmó que el Huila se convertirá en modelo de cooperación institucional para la paz.
Para un departamento con miles de víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas, esta alianza representa un mensaje de esperanza. “Trabajar de forma articulada no es una opción, es una obligación constitucional para devolverles la voz a quienes el conflicto intentó silenciar”, coincidieron ambas funcionarias.