El proceso liderado por la Agencia Nacional de Tierras ANT, ha beneficiado a víctimas, firmantes de paz, etnias, mujeres rurales y organizaciones campesinas.
Por: Héctor Fabio Muñoz Figueroa – @hefamu1
En un hito para la justicia territorial, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha entregado más de 9.000 hectáreas de tierra en el Huila a firmantes de paz, organizaciones campesinas y mujeres rurales, sembrando oportunidades de empleo y soberanía alimentaria en el campo.
Esta cifra, actualizada al tercer trimestre de 2025, refleja el compromiso del Gobierno Nacional con la Reforma Agraria, priorizando a poblaciones vulnerables afectadas por el conflicto armado y el despojo histórico.
Según datos oficiales de la ANT, de estas hectáreas, más de 2.000 han sido adjudicadas directamente a firmantes de paz, como las 400 hectáreas entregadas en abril a 40 familias del Grupo Asociativo Multiactivo por la Paz (GRAMPA) en Baraya, destinadas a cultivos de banano, café y aguacate, junto con proyectos de energías solares.
Organizaciones campesinas recibieron alrededor de 6.500 hectáreas, incluyendo 2.100 hectáreas en julio a 407 familias desplazadas por la hidroeléctrica El Quimbo en Gigante, donde ya se siembran maíz, frijol y yuca.
Las mujeres rurales, guardianas invisibles del agro, suman más de 750 beneficiarias con 5.500 hectáreas en total para el departamento, destacando la titulación de predios en Baraya y la entrega de 193 hectáreas en febrero a asociaciones femeninas.
«Hoy volvemos a sembrar vida: hay trabajo, comida en la mesa y dignidad en el campo», celebró Lester Fabián Garrido, coordinador territorial de la ANT en Huila, durante un evento en Palermo.
Estas adjudicaciones, gratuitas y acompañadas de formalización de 2.300 hectáreas adicionales, han generado empleo para miles y fortalecido 25 Comités Municipales de Reforma Agraria.
En Isnos y Pitalito, campesinos reportan un aumento del 30% en la producción agrícola, gracias a acceso a créditos y asistencia técnica. Sin embargo, persisten retos como ocupaciones irregulares, que la ANT rechaza para priorizar el diálogo.