La carga que fue detonada controladamente por las autoridades estuvo a punto de causar graves afectaciones a la planta de tratamiento de agua potable.
Por: Gisela Hurtado Celis.
La neutralización controlada de una carga explosiva este lunes festivo en zona rural de Garzón, puso en alerta a las autoridades locales no solo por el riesgo inmediato a la población, sino por su ubicación: a escasos 200 metros de la planta de tratamiento de agua potable del municipio.
Técnicos antiexplosivos de la fuerza pública ejecutaron la detonación dirigida del dispositivo sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones a la red de suministro.
Sin embargo, la proximidad del artefacto a esta infraestructura estratégica sitúa el caso bajo un análisis jurídico riguroso.
Conforme al Artículo 14 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, los bienes indispensables para la supervivencia civil —entre los que se tipifican expresamente las instalaciones y redes de agua potable— gozan de protección reforzada frente a cualquier ataque deliberado.
De comprobarse en las investigaciones judiciales que el hecho se vincula con el accionar de grupos armados ilegales y pretendía inutilizar el servicio hídrico, el evento podría catalogarse como una infracción grave al Derecho Internacional Humanitario.
Las autoridades continúan las labores de verificación para esclarecer la procedencia del material y los móviles de la instalación.