Los estudiantes que reciben clases en el lugar deberán ser trasladados temporalmente a otra vereda vecina, según fallo judicial.
Por: Héctor Fabio Muñoz Figueroa.
Mediante fallo de tutela proferido el 26 de mayo de 2026 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito, se ordenó a la Secretaría de Educación Departamental del Huila elaborar dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la notificación, un plan de contingencia orientado a intervenir la infraestructura física de la Institución Educativa Cosanza, sede San Isidro.
El fallo tutela los derechos fundamentales a la educación, integridad personal, salud y vida digna de los niños, niñas, adolescentes y del personal académico y administrativo de la sede.
La decisión se fundamenta en una falla geológica identificada en el aula escolar, construcción de más de 50 años que ha prestado el servicio educativo a generaciones de la vereda San Isidro, ubicada al oriente del municipio de Timaná.
Según información suministrada por padres de familia y la comunidad en general, el cumplimiento del fallo podría implicar el traslado de más de 13 estudiantes a la vereda vecina de San Antonio, donde la infraestructura educativa no se considera adecuada para recibirlos.
La comunidad, a través del liderazgo de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, solicita a la Secretaría de Educación del Huila, a la Gobernación del Huila y a los entes competentes revisar la posibilidad de reubicar el aula dentro de la misma vereda San Isidro.
El rector de la Institución Educativa Cosanza, José Dimas Bravo Jurado, mediante oficio IECosanza-oficio-2026-032 del 9 de junio de 2026, requirió el cumplimiento inmediato de la orden judicial y recordó que el incumplimiento injustificado de las órdenes contenidas en el fallo de tutela puede dar lugar a las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991.
Asimismo, solicitó se informe sobre las gestiones administrativas y de coordinación adelantadas para la elaboración y pronta ejecución del plan de contingencia.
Se espera que las autoridades educativas departamentales den respuesta oportuna al requerimiento judicial y a las solicitudes de la comunidad educativa.