El Consejo de Estado ordenó medidas urgentes para evitar el colapso del relleno sanitario del sur del Huila.
Por: Héctor Fabio Muñoz Figueroa.
El Consejo de Estado confirmó y precisó las órdenes judiciales destinadas a salvaguardar los derechos colectivos de los habitantes de nueve municipios del sur del Huila, amenazados por la saturación crítica del relleno sanitario ubicado en Pitalito.
La sentencia, que responde a una acción popular impulsada por la Procuraduría Ambiental y Agraria de Neiva, busca prevenir una crisis que afectaría el acceso al servicio de aseo y el equilibrio ecológico de la región.
Los municipios involucrados —Pitalito, Isnos, Oporapa, Timaná, Acevedo, Saladoblanco, Elías, Palestina y San Agustín— dependen de las celdas operadas por Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P., cuya capacidad se encuentra al límite, con riesgo inminente de cierre definitivo.
Aunque se implementó una celda de contingencia durante el proceso, el alto tribunal determinó que esta medida resulta insuficiente a largo plazo. Tras analizar las apelaciones del Departamento del Huila y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), el Consejo mantuvo las protecciones y detalló obligaciones concretas.
Biorgánicos del Sur tiene seis meses para realizar un estudio técnico sobre la vida útil restante de las celdas y, en un plazo máximo de dos años, gestionar la construcción de un nuevo relleno o la ampliación definitiva del actual.
El Departamento del Huila deberá financiar o cofinanciar las obras requeridas. Los nueve municipios cuentan con seis meses para actualizar sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), identificar sitios alternos de contingencia y reforzar la separación en la fuente.
Cumplido este plazo, la empresa operadora podrá rechazar residuos que no lleguen debidamente separados, mientras las alcaldías aplicarán sanciones a los usuarios incumplidos.
La CAM deberá prestar asesoría técnica a los municipios y a la empresa, priorizar trámites ambientales, realizar inspecciones y ejercer control sobre el aprovechamiento de residuos.
Un comité de verificación, integrado por la magistrada ponente, la Procuraduría y las partes, supervisará el cumplimiento de estas disposiciones para garantizar la continuidad del servicio y evitar futuras emergencias sanitarias en la zona.