Una denuncia por aparentes irregularidades cometidas en el año 2013 al contratar un suministro de elementos para el colegio Carlos Ramón Repizo Cabrera llevó a la Contraloría Departamental del Huila a develar actuaciones irregulares por parte del rector y un contratista.
Por: Hector Fabio Muñoz Figueroa – @hefamu1
Se cumplió a instancias de la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Huila la audiencia de decisión en la que se dio lectura al fallo en el que tras investigar denuncias hechas contra directivas del colegio Carlos Ramón Repizo Cabrera. Se hallaron irregularidades.
Según se estableció, desde el año 2017 en ente de control fiscal del Huila, inició una investigación en la que se buscaba establecer las responsabilidades tanto del rector de la época, como de un particular a quien le correspondió el cumplimiento de la entrega de suministros según contrato No. 34 de 2013, hallándose que no se cumplieron dichos compromisos.
Luego de finalizada la investigación, se encontró que los soportes de cumplimiento, comprobantes de ingreso y egreso de los elementos contratados, no ingresaron al Almacén de la Institución Educativa, lo que constituyó una falta muy grave.
Adicional la Contraloría Departamental del Huila estableció que la firma realizada en el negocio estatal y en la orden de egreso correspondiente no correspondía con la cédula de ciudadanía adjuntada en la propuesta presentada por el contratista, lo que constituyó en un delito que ahora implica en el terreno penal al directivo de la época y a la persona responsable del contrato.
Pese a que no se evidencio el cumplimiento del suministro, las ordenes de egreso y pago se efectuaron supuestamente a la persona contratada por lo que se estableció el detrimento patrimonial por parte de quienes intervinieron en el negocio.
Por tal razón y luego de surtidas todas las etapas del proceso de indagación, la Contraloría Departamental del Huila efectuó la audiencia del Fallo de Responsabilidad Fiscal en el que se determinó la afectación patrimonial por cuenta de las personas encargadas del proceso que se investigaba.
Ahora, corresponderá a las entidades judiciales aplicar las sanciones penales correspondientes, dado a que se configuraron por lo menos tres delitos, indicaron desde la Contraloría Departamental del Huila.