Una sesión al interior del Concejo de Neiva develó el grave estado de abandono y riesgo en el que se encuentra la sede del colegio Rodrigo Lara Bonilla.
Por: Héctor Fabio Muñoz Figueroa.
La crítica situación de la infraestructura educativa en Neiva y las denuncias por incumplimiento al control político dominaron la sesión plenaria del Concejo Municipal.
A solicitud del concejal Jesús Andrés Garzón Roa, la rectora de la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla, Aura María Lemus, presentó un informe alarmante sobre el deterioro del plantel, que atiende a más de 2.000 estudiantes de la Comuna 6 y el corregimiento del Caguán.
La docente mostró videos que evidencian cómo las aulas se inundan y se convierten en ríos durante las lluvias, debido a que el megacolegio fue construido en 2016 sobre un cauce de agua subterránea.
Esto ha provocado hundimientos progresivos en la estructura y brotes de agua desde los pisos de los salones. “En 49 años de servicio, no había observado una institución educativa tan abandonada; evitemos a tiempo una catástrofe”, advirtió la rectora, quien alertó sobre riesgos de cortocircuitos por humedad y fallas en el alcantarillado.
Ante la gravedad de los hechos, se conformó una Comisión Accidental integrada por los concejales Jesús Andrés Garzón Roa (presidente), Luis Humberto Perdomo Romero, Juan Pablo Perdomo Zambrano, Miller Osorio Montenegro y Roberto Escobar Beltrán, con el fin de realizar un seguimiento urgente.
El concejal Juan Diego Amaya Palencia lamentó que, mientras el 60 % de los colegios públicos de la ciudad se deterioran, la administración municipal y la Gobernación del Huila planeen invertir cerca de 28.500 millones de pesos en la construcción de un estadio para solo 3.000 personas. “Es corrupción y malas decisiones no priorizar lo básico: educación, vías y seguridad”, afirmó.
Amaya Palencia anunció que ya fueron radicadas denuncias ante la Procuraduría y la Personería Municipal contra el secretario de Gobierno, José Ferney Ducuara, por no responder en el plazo legal de siete días el cuestionario para el debate de seguridad previsto para el 27 de abril, pese a un ultimátum en plenaria.
Por su parte, el concejal Roberto Escobar Beltrán expresó su preocupación por el riesgo de colapso y cuestionó la calidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El concejal Juan Carlos Parada Moreno aclaró que no procede declarar urgencia manifiesta, ya que los problemas son previsibles y obedecen a fallas históricas de la administración municipal.
El concejal Luis Humberto Perdomo Romero insistió en la necesidad de soluciones inmediatas para que los estudiantes puedan retornar a las aulas y destacó el rol de los padres de familia en visibilizar las fallas.
Propuso que la comisión revise el informe de infraestructura educativa de febrero de 2024 y anunció un debate profundo sobre el tema en el segundo periodo de sesiones ordinarias.
El presidente del Concejo, Dagoberto Gómez, recordó las inversiones históricas realizadas en 2017 por más de 62.500 millones de pesos a través del FONPET y sugirió escudriñar el presupuesto municipal en busca de excedentes para atender la emergencia. “Es imperativo poner mano a tiempo para evitar una catástrofe mayor”, enfatizó.