Además, tendrá que recibir terapia social por 60 días. Por el delito de violencia intrafamiliar agravada la Fiscalía acusó a Jonathan Andrés Martínez, quien no aceptó los cargos imputados.
Por: Gisela Hurtado Celis – @giselahcelis
Total polémica ha generado la ocurrencia de un fuerte hecho de violencia intrafamiliar cuyo protagonista no solo es un integrante activo de la policía, sino el jefe de seguridad del gobernador del Huila.
El capitán Jonathan Andrés Martínez, fue capturado la madrugada del lunes último, luego que vecinos de una zona residencial, avisaran a la policía de la ocurrencia de un hecho en el que una mujer pedía auxilio tras estar siendo víctima de insultos y golpes.
Al llegar al sitio de la denuncia, uniformados que atendieron el llamado dieron captura a un capitán activo de la institución y, aunque desde el Departamento de Policía del Huila, hubo demoras para la entrega de la información a la prensa, finalmente se conoció por parte de la misma gobernación, su rechazo y repudio al tratarse del uniformado en mención.
Mientras la mujer agredida fue llevada a un centro asistencial en la capital del Huila para recibir la correspondiente atención, al capitán Martínez, la Fiscalía le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada. No obstante, de los testimonios de testigos y de la misma víctima, el señor Jonathan Andrés, no aceptó los cargos a pesar de haber sido capturado en flagrancia.
Según informe suministrado a medios por parte de la Fiscalía Seccional Huila, El juez se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento, por lo que el delegado del ente acusador apeló tal decisión ya que había solicitado la detención preventiva en centro carcelario.
Se conoció igualmente, que, ante la petición de la Fiscalía, el hoy investigado capitán, tendrá que abstenerse de entrar a cualquier lugar donde su esposa se encuentre, como quiera que dicha limitación resulta necesaria para prevenir que la perturbe o la intimide.
También y dentro de las medidas de protección otorgadas a la dama, se obliga al procesado a acudir a tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que preste tales servicios, por 60 días.
Reza en el reporte suministrado por la Fiscalía, que, ante la gravedad de los hechos cometidos, se dispuso que la Policía Nacional procurará la reubicación del oficial. Entre tanto crece la indignación por este proceso del que, a pesar de existir suficiente prueba de la agresión física, no se trate de la misma forma que a un ciudadano del común solo por encontrarse vinculado un uniformado activo de la policía, indican ciudadanos que lamentan este caso en las redes sociales de información.