Hace cinco años el Centro de Estudios Tierra Digna instauró una demanda en contra de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, y el Ministerio de Ambiente.
Por: Gisela Hurtado Celis-@giselahcelis
El 9 de agosto pasado se realizó la audiencia Inicial de nulidad de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, en el marco de la demanda instaurada por el centro de estudios Tierra Digna contra la Anla y el Ministerio de Ambiente que busca compensar los daños causados por la entrada en vigor del polémico proyecto.
En la denuncia se solicitó la nulidad de la licencia ambiental otorgada al proyecto Hidroeléctrico El Quimbo; entre los argumentos que fundamentan la apertura del proceso se encuentran que las instituciones que avalaron el proyecto, otorgaron la licencia ambiental sin el cumplimiento de los requisitos mínimos y la carencia e insuficiencia de estudios previos que permitieran prever las afectaciones y daños causados.
Jenniffer Chavarro, integrante de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo), aseguró que la demanda se sustenta en tres cargos. El primero: falsa motivación. «El gobierno estaba en la capacidad de prevenir las afectaciones y no lo hizo o proyectó. Tomó decisiones sin conceptos previos. Para la primera solicitud, realizada en 1995, se presentaron tres alternativas, sin embargo, el proyecto se declaró inviable. El 2008, esta iniciativa se volvió a presentar y se le dio la viabilidad, sin contar con estudios técnicos de fondo que controvirtieran los presentados inicialmente», manifestó.
Otro cargo referido fue el incumplimiento de los requisitos de sustracción de la reserva que existía en el lugar donde hoy se encuentra el embalse. «Esa zona estaba compuesta por 7.400 hectáreas de reserva forestal protectora, la cual fue sustraída de manera irregular», dijo. El Consejo de Estado fijó como fecha el 11 de diciembre para la realización de las pruebas testimoniales y la entrega de los informes de seguimiento y control de organismos como la Defensoría del Pueblo, Contraloría, CAM, Procuraduría, solicitados por Tierra Digna y Asoquimbo.
Se trata de la primera demanda de nulidad interpuesta y admitida, contra un Proyecto de interés nacional y estratégico, razón por la cual constituye un precedente jurídico para la exigencia de nulidad de otros proyectos minero energéticos en defensa de la vida y los territorios, dijo Miller Dussán Calderón, promotor de Asoquimbo.
Información: Miller Dussán-Revisa Semana