Tras la polémica asignación de terrenos en Garzón y Gigante a familias indígenas, la historia podría repetirse en el sur del departamento.
Por: Héctor Fabio Muñoz Figueroa – @hefamu1
Una fuerte alerta ha generado en el sur del Huila el proceso impulsado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para adquirir predios en parques regionales naturales y distritos de manejo integrado (DRMI), con el fin de entregarlos a familias campesinas postulantes a la reforma agraria.
Esta iniciativa amenaza con graves implicaciones ambientales y sociales, según denunció Camilo Augusto Agudelo Perdomo el director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM).
Como antecedente, en los municipios de Garzón y Gigante se denunciaron recientemente presuntas irregularidades: la ANT entregó más de 220 hectáreas en el Parque Natural Regional Cerro Páramo de Miraflores a familias indígenas del Cauca, ignorando normativas que declaran estos espacios como inalienables, imprescriptibles e inembargables, conforme al artículo 63 de la Constitución.
Esta acción, que incluyó predios como «El Paraíso» por $5.200 millones, desató protestas por su impacto en cuencas hídricas que abastecen a miles de familias.
El director de la CAM, entidad que administra seis parques regionales en el Huila, advirtió sobre predios en adquisición en tres municipios clave: Pitalito (Parque Regional Corredor Biológico Guácharos-Puracé, cuenca abastecedora), Oporapa (Serranía de las Minas) y Garzón (adicionales en Páramo de Miraflores).
Además, se suman 47 mil hectáreas en el Parque Nacional Puracé, limítrofe con Cauca, y tres predios adicionales ubicados dentro de DRMI’s con más del 95% de cobertura boscosa. «Estos parques son inajenables y no aptos para producción agrícola», enfatizó Agudelo Perdomo.
La CAM informó haber radicado una acción popular para revertir la compra en Páramo de Miraflores y anuncia más actuaciones legales contra estas adquisiciones, que violan planes de ordenamiento territorial (POT) y conceptos técnicos ignorados por la ANT.
Y aunque se reconoce la importancia de la reforma agraria, urgen porque su ejecución se haga en las 420 mil hectáreas aptas para agricultura en el Huila, sin comprometer ecosistemas. «No negamos la equidad social, pero estos predios carecen de condiciones óptimas para producción«, indicaron líderes locales.
En la otra orilla están los comités municipales de reforma agraria quienes ven frustradas sus aspiraciones por los líos legales, tras promesas incumplidas de contar con un terreno donde desarrollar sus procesos productivos y de establecimiento del arraigo campesino.