El Tribunal Contencioso Administrativo del Huila admitió la demanda interpuesta por el abogado Adadier Perdomo Urquina quien argumenta que con el cierre del lugar se vulneraron los derechos de la comunidad.
Por: Héctor Fabio Muñoz Figueroa – @hefamu1
Lograr que se reabra la planta de sacrificio animal cerrada en 2017 por parte de las autoridades sanitarias, ambientales y administrativas, con lo que se afectaron los derechos de los consumidores y usuarios, es la pretensión del abogado aceveduno Adadier Perdomo Urquina en un proceso judicial interpuesto ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila.
Para el profesional del derecho, con la decisión tomada por parte de las autoridades dando cumplimiento al Decreto 1500 de 2007, se vulneraron los derechos al medio ambiente sano, al disfrute de los bienes de uso público, moralidad administrativa, seguridad y salubridad pública y acceso a los servicios públicos a los que tienen derecho los habitantes de ese municipio.
Luego de interpuesta la demanda con la que se busca que cada una de las entidades realicen las acciones necesarias para cesar la afectación y se reabra el lugar donde se sacrificaban los animales para provisión alimentaria de la comunidad, la Sala Quinta del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila admitió la demanda, lo que permitirá que se otorgue una medida cautelar que invalide la decisión de mantener cerrado el lugar.
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Se espera que en un término de cinco días entidades como los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, La Gobernación del Huila y el Municipio de Acevedo realicen la contestación correspondiente, con los que se pretende que sea amparado de pobreza deprecado por el abogado demandante.
De prosperar el proceso, se daría nuevamente al servicio la planta de sacrificio animal, previas acciones correctivas de cada una de las entidades demandadas con lo que se abre la posibilidad de garantizar la provisión de alimentos cárnicos logrados bajo condiciones seguras.