Concesión de alumbrado público: jugando con candela
Necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia, que no estén enamorados de la publicidad sino de la humanidad.”, Martin Luther King.
Conforme a informe difundido el viernes 30 de octubre, inmediatamente anterior, la Fiscalía General de la Nación registra que dos días antes, fue capturada en Neiva, Huila, una exconcejala condenada por un Juez de la República por la comisión del delito de cohecho impropio, toda vez que aceptó para sí dinero por ejecutar actos propios del desempeño de sus funciones.
Esto, ante una serie de irregularidades cometidas en el marco de un Proyecto de Acuerdo para el alumbrado público de su municipio, Florencia, Caquetá, de cuyo proceso resultaron sentenciadas una exalcaldesa, su esposo y diez exconcejales de esa localidad.
En ese orden, la entonces mandataria y su pareja entregaron el 20 de junio del año 2013 millonarias sumas de dinero a cada uno de los cabildantes para conseguir su aprobación en el Proyecto de Acuerdo que buscaba, supuestamente, mejorar el alumbrado público de la ciudad.
Y, que este ente investigador destaca la declaración de dos enjuiciados a quienes les fue aplicada la figura del principio de oportunidad para demostrar la culpabilidad de la edil en los hechos, quien en estos momentos está a la espera para conocer el monto de la condena que deberá purgar.
Se consigna, finalmente, que estos resultados hacen parte la política institucional del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, ‘En la calle y en los territorios’ en la lucha contra la corrupción.
Así, por “Principio de Oportunidad” compréndase la facultad de no adelantar un juicio penal contra un infractor, porque bajo el cumplimiento de determinadas circunstancias y con los consentimientos de la Fiscalía y del Juez se decide que conviene desistir de tal sumario contra esa persona en aras de obtener en ese mismo proceso ventajas para la investigación que se sigue contra los otros sindicados.
Una de esas causales se da cuando el imputado o acusado se compromete a servir como testigo de cargo contra los demás procesados, que fue lo que en el presente caso se materializó contra la inculpada, ratificándose, una vez más, que la confianza ciega en el silencio cómplice de los demás participantes de un ilícito no es garantía para nadie. Y, que no siempre se goza de impunidad, así pase el tiempo.
He allí la importancia de exhortar al Departamento Jurídico de la Gobernación para que continúe su loable tarea de efectuar rigurosa revisión de control constitucional y legal de los Acuerdos Municipales. Con mayor razón, que ya las sesiones en los Concejos se han convertido en una especie de sainete, donde los concejales que constituyen la minorías democráticas son desoídos por los concejales que configuran la tiranía de las mayorías, sin merecerles la menor consideración sus criterios jurídicos y administrativos, y sin el menor recato de aprobar a pupitrazo los Proyectos presentados, quebrantando trámites instituidos en la Ley, como lo es el despreciado y desatendido mandato de dar participación al ciudadano, de convocarlo y fomentar su real y efectiva participación ciudadana. Escaso es el Acuerdo en el cual se cumpla con esta requisición constitucional, legal y reglamentaria.
En efecto y en principio, la participación ciudadana no es tenida en cuenta en el trámite de los Proyectos, desde luego, que con la complacencia de la Administración que, por lo menos, en virtud de su revisión jurídica de los Proyectos le importara reconocer el daño tan grande que se le hace a la democracia local con estas transgresiones y, todavía más, estando el alcalde obligado por el ordenamiento a ser su promotor.
En este estado, ardua tarea le corresponde desarrollar a los abogados de la Gobernación en el ejercicio funcional de sus obligaciones de revisión. En esta labor confluyen todos los atropellos perpetrados contra del estado social de derecho, desde la misma institucionalidad local; que, incluso, ante su objetivo y profesional cometido de revisión jurídica han sido tildados, claro, infundada y temerariamente, de ser instrumentos de la politiquería para negar y conculcar los derechos de los municipios.
Tal vez, que se recuerde, nunca en la vida política y administrativa nacional se había visto tanta desproporción y tanta irracionalidad.
Por lo expuesto, toda la esperanza recae sobre los abogados de la Gobernación y el Honorable Tribunal Administrativo del Huila, adicionado por la ausencia de control disciplinario, estos son, los organismos competentes de la Procuraduría General de la Nación y las Personerías Municipales, que al estar cooptados por la politiquería no desarrollan su trabajo con apego y cumplimiento a sus funciones de vigilar la conducta oficial de los concejales y los Alcaldes e intervenir dinámica y proactivamente, desde sus competencias, en el trámite de los Proyectos de Acuerdo, e intervención ante el distinguido Tribunal, cuando este conoce de las observaciones de la Gobernación para fallar acerca de la validez del de un Acuerdo, generándose una amarga sensación de abandono, aunada a la falta de atención a las regiones por parte de los directivos radicados en Bogotá para quienes pareciera que sólo existen las principales capitales de departamento.
Sensación colectiva de que no existen entidades del orden nacional y local que defiendan y fomenten los derechos ciudadanos y la rigurosa administración de los recursos oficiales, como se ha venido denunciando sin que a nadie le importe el hecho de pagar, en suma, noventa millones de pesos por un Plan de Desarrollo para un municipio de sexta categoría; que se haya denunciado en les redes sociales los injustos y discriminatorias entregas de los mercados, ni el abuso cometido por los grandes almacenes en cuanto la especulación de los precios ni la falta de autoridad para garantizar a las comunidades su seguridad y tranquilidad.
De igual modo, solicitar, comedidamente, a los medios de comunicación masiva para que con su voz democrática acompañen a las comunidades ya cansadas de tanta orfandad en ciertas emisoras comunitarias entregadas sin atisbo de pudor público al mandatario local en contraprestación de contratos y puestos en la administración municipal para sus familiares en contravía de los mandatos legales que les ordenan estar al servicio de las comunidades y organizaciones civiles, en el proceso de crear y construir ciudadanía, cultura, paz social y desarrollo.
Con sujeción a lo anterior, ya se espera se estén preparando para fomentar, promocionar y defender desde la emisora comunitaria los Proyectos de Acuerdos nefastos para el municipio como la concesión del alumbrado público, cuyos únicos ganadores serán los interesados en acumular descomunales riquezas a costa del bolsillo ya roto y encogido de los hogares de las familias trabajadoras, bastante flageladas por los desastrosos coletazos de la pandemia.
En cuanto a las comunidades, instarlas, exhortarlas para que ejerciten sus derechos a la participación ciudadana, activa y organizada. Una sociedad digna cumple con sus deberes y hace respetar sus derechos.
Y, por último, apoyar a los concejales que defiendan los intereses de las comunidades y de nadie más, para que cristalicen estudios serios, objetivos, y honestos de los Proyectos de Acuerdo, de manera particular el correspondiente al alumbrado público; que emitan, siempre, neutrales y transparentes decisiones de control y, especialmente y con mayor motivo, sobre asunto tan desprestigiado como riesgoso de una concesión de alumbrado público y, por tanto, en la mira de la ciudadanía, de los organismos de control, investigación y sanción, y de los medios masivos de comunicación.
Timaná, Huila, 2 de noviembre de 2020
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