Seguridad ciudadana, ¿utopía o realidad?
Por: Manuel Salvador Molina Hurtado
Abogado Constitucionalista, Administrativista, Magister en Criminología, Ciencias Penales y Penitenciarias, expersonero de Timaná y exconsejero de Paz del Huila.
Resulta esperanzador que un Alcalde -y, más, recién posesionado- se interese por encarar con vehemencia el fenómeno delictivo, que genera tanta incertidumbre en la comunidad y en las autoridades mismas.
Y no es para menos, dada la trascendencia que su nocivo impacto emocional genera en los ciudadanos. Mayor aún, si estos pertenecen a zonas alejadas de las grandes ciudades, toda vez que este fenómeno desmotiva y amedranta a la persona honesta y trabajadora, impulsando su migración del campo a la ciudad.
Ahora, lo cierto, es que la seguridad se ausenta donde el Estado no impera o su presencia es insuficiente para garantizarla. Lo que también se agrava por la concentración de poder en las ciudades capitales, tanto de Departamentos como de la Nación, lo que ya explica la terrible dependencia y atraso de los territorios con respecto de los centros de poder. Esquema centralista, concentrador de poder, que no permite realmente una verdadera participación -intervención- de las localidades en las decisiones políticas que resuelven sus problemas.
Es lo que en mucho explica que, tanto en municipios pequeños como en ciudades importantes, todos y todas sin excepción, sean dependientes del Gobierno Nacional en materia de seguridad, sea urbana o rural.
De allí que se muestre esperanzador que el Alto Gobierno recorra las diversas latitudes del territorio nacional haciendo contacto directo con representantes de las comunidades y con las respectivas autoridades locales para socializar y difundir su Política Nacional de Seguridad, en el entendido de que la criminalidad es problema de todos, y no sólo del Alcalde o de la Policía.
En este orden de ideas, se debe esperar del Gobierno que indique en la socialización de su política de seguridad ciudadana que la resolución involucra a todo el andamiaje institucional del Estado que de alguna manera pueda contribuir a su cristalización, partiendo del Estado Local. Dicho de otra forma: el Estado Nacional aporta lo que le corresponde en esta brega, pero es el municipio a quien le corresponde ejecutar tal política gubernamental. Arrancando con que la autoridad de policía en lo local recae sobre el Alcalde.
Así, es al Gobierno Municipal o Departamental -según el caso- a quien le atañe de modo directo luchar contra este flagelo y responder por sus resultados ante su comunidad. En mucho el centralismo político ha generado el problema y en mucho, también, señala que su solución estriba en los entes territoriales. Su intervención gravita en el incremento de pie de fuerza, apoyo institucional, y aporte de elementos tecnológicos para la vigilancia, es decir, herramientas tecnológicas -ciberseguridad- que posibiliten su “Modelo de Vigilancia”, que sin lugar a dudas se enmarca y se traduce en recomendaciones metodológicas tales como que se hagan seguimientos periódicos a las acciones y planes preestablecidos a efecto de elaborar diagnósticos sucesivos y oportunos para evaluarlos; la vinculación del sector privado; crear -no, si ya existen- organizar y utilizar redes de participación ciudadana -de naturaleza cívica-; comprehender el fenómeno delictual desde un enfoque de salud pública, de orden mental, en lo atinente a la resolución pacífica de los conflictos; y, la celeridad en las investigaciones -exprés-, las que en corto tiempo -no mayor a dos meses- deberán ofrecer resultados. Entre otros asuntos, claro está.
Hasta aquí refiero lo que anticipo sea la aportación de la Nación en relación con la seguridad ciudadana.
Por lo expuesto, hay que reconocer que ese acercamiento entre lo Nacional y lo Local es un buen comienzo. No obstante, que lo complejo y tozudo es su ejecución, lo cual demanda de recursos presupuestales significativos y ardua, persistente e incluso, peligroso.
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