Por: Jose Omar Peña Muñoz.
Comunicador Social y Periodista.
Pitalito crece, se transforma y amplía sus actividades comerciales, sociales y urbanas, pero también enfrenta una realidad cada vez más visible: la presencia de personas en situación de calle en parques, puentes, zonas comerciales, alrededores de instituciones públicas y distintos sectores del centro.
No se trata de un fenómeno nuevo, pero sí de una situación que ha adquirido mayor visibilidad y que exige una respuesta seria, coordinada y permanente. La presencia de habitantes de calle genera preocupación entre comerciantes, residentes y visitantes, especialmente cuando se relaciona con conflictos de convivencia, consumo de sustancias, deterioro de espacios públicos o hechos delictivos. Sin embargo, abordar el problema desde la estigmatización o la generalización solo contribuye a ocultar sus verdaderas causas.
El fenómeno debe tener múltiples orígenes: pobreza extrema, abandono familiar, consumo problemático de sustancias psicoactivas, problemas de salud mental, desempleo, migración, violencia intrafamiliar, desplazamiento y exclusión social. En muchos casos, estas circunstancias se acumulan durante años hasta romper los vínculos familiares y dejar a la persona sin una red de apoyo.
Ser habitante de calle no convierte a una persona en delincuente. Aunque algunos entornos pueden relacionarse con hurtos, microtráfico y problemas de convivencia, no es correcto señalar a toda esta población como responsable de la inseguridad. La ciudad debe diferenciar entre vulnerabilidad social, conductas contrarias a la convivencia y delitos que deben ser investigados y sancionados por las autoridades competentes.
Una realidad reconocida:
La Administración Municipal adoptó en 2026, mediante el Acuerdo 006, una política pública para habitantes de calle y abrió una convocatoria para implementar estrategias de atención integral. Este paso representa un reconocimiento institucional de la problemática, pero también plantea una obligación: convertir los documentos, diagnósticos y anuncios en acciones verificables.
El reto principal es que esta política no se quede en el papel ni se limite a operativos ocasionales de traslado, jornadas de alimentación o intervenciones temporales en determinados sectores. Una política pública efectiva debe contar con presupuesto, personal especializado, metas claras, cronogramas, seguimiento y mecanismos de evaluación.
No basta con entregar comida, ropa o elementos de aseo, aunque estas ayudas pueden ser necesarias en situaciones de emergencia. También se requieren atención médica, tratamiento para el consumo de sustancias, acompañamiento psicológico, intervención en salud mental, recuperación de vínculos familiares, capacitación, oportunidades de empleo y alternativas de vivienda.
Además, cada caso debe ser atendido de manera individual. No todas las personas en situación de calle tienen las mismas necesidades ni las mismas posibilidades de recuperación. Algunas pueden regresar con sus familias; otras requieren tratamiento prolongado; algunas necesitan apoyo para acceder a un empleo, mientras que otras pueden presentar enfermedades mentales o condiciones físicas que demandan atención especializada y permanente.
La pregunta debe ser: ¿cuántas personas lograron salir realmente de la calle? También habría que preguntar cuántas recibieron atención continua, cuántas ingresaron a procesos de rehabilitación, cuántas recuperaron sus vínculos familiares y cuántas lograron acceder a una vivienda o a una fuente estable de ingresos.
Seguridad y comercio:
La presencia de habitantes de calle preocupa a comerciantes y ciudadanos, y esa preocupación no debe ser desestimada. Los negocios pueden verse afectados por conflictos de convivencia, daños a bienes, intimidaciones, consumo de sustancias en el entorno o disminución de la percepción de seguridad. Los residentes también tienen derecho a disfrutar parques, calles y espacios públicos en condiciones dignas.
Sin embargo, la respuesta no puede consistir en atribuir todos los delitos a quienes viven en la calle. No todos están vinculados con actividades criminales y, en muchos casos, también son víctimas de violencia, explotación, abuso y redes ilegales que se aprovechan de su vulnerabilidad.
Según el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 reportó entre 2020 y 2023:
3.308 hurtos a personas
1.759 hurtos de motocicletas
547 hurtos a comercio.
Estas cifras muestran que Pitalito enfrenta un problema de seguridad que debe ser atendido con estrategias amplias y sostenidas. En abril de 2025, la Gobernación del Huila informó reducciones del 39 % en hurto a personas y del 49 % en hurto al comercio en Pitalito. Aunque estos resultados son importantes, no significan que el problema esté resuelto ni que la ciudadanía pueda bajar la guardia.
Además, en marzo de 2026 fue desarticulada la estructura “Los del Sur”, señalada de cometer hurtos mediante raponazo en la zona céntrica. En septiembre de 2025 también fueron capturadas personas relacionadas con hurtos de motocicletas y tráfico local de estupefacientes.
Estos hechos demuestran que la inseguridad no puede atribuirse únicamente a los habitantes de calle. También existen delincuencia organizada, mercados ilegales, redes de distribución de drogas, receptores y compradores de bienes hurtados. Combatir la inseguridad exige investigar esas estructuras, fortalecer la inteligencia policial, mejorar la iluminación y vigilancia, proteger a los comerciantes y garantizar que las denuncias tengan respuesta.
Al mismo tiempo, las autoridades deben evitar que los operativos de seguridad se conviertan en acciones de persecución contra personas vulnerables. La seguridad y la atención social no son políticas opuestas: deben funcionar de manera coordinada.
Contar para actuar:
No es posible diseñar una política eficaz sin saber con precisión a quiénes se quiere atender. El DANE reportó en el Censo en salud de Habitantes de la Calle 2021 un total de 6.248 personas censadas, de las cuales 87,6 % eran hombres y 12,4 % mujeres, aunque esta cifra corresponde a atenciones en salud y no a un censo puntual del número de habilitabtes de calle, por esa razón, no debe interpretarse automáticamente como el número de personas que viven en la calle. Las cifras de atención pueden incluir consultas repetidas, servicios prestados en distintos momentos o personas que no permanecen de manera permanente en un mismo lugar.
Pitalito necesita un diagnóstico propio, actualizado y verificable. Es necesario saber cuántas personas viven efectivamente en la calle, cuáles son sus edades, de dónde provienen, cuánto tiempo llevan en esa condición, cuáles son sus condiciones de salud física y mental, si consumen sustancias, si tienen familiares, qué nivel educativo poseen y cuáles son sus posibilidades reales de recuperación.
También se requiere identificar los lugares donde se concentra la población, los horarios de mayor presencia, las dinámicas de movilidad y los riesgos de explotación o vinculación con redes criminales. Sin esta información, las decisiones pueden terminar siendo improvisadas, costosas e ineficaces.
El diagnóstico debe realizarse respetando la dignidad, la privacidad y los derechos de las personas. Contar no significa perseguir ni marcar; significa conocer la realidad para orientar mejor los recursos y evitar que las instituciones trabajen de manera aislada.
Recuperar espacios y personas:
Recuperar el espacio público no debe significar expulsar a personas vulnerables de un lugar para trasladarlas a otro. Los operativos que simplemente desplazan a los habitantes de calle pueden producir una apariencia temporal de orden, pero no resuelven el problema. Al contrario, pueden fragmentar redes de apoyo, dificultar el seguimiento institucional y aumentar los riesgos para quienes viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.
La ciudad necesita autoridad y seguridad, pero también salud, atención psicosocial, prevención, rehabilitación e inclusión. Se requiere una coordinación real entre la Alcaldía, la Policía, las instituciones de salud, el ICBF cuando corresponda, las organizaciones sociales, las iglesias, los comerciantes y las familias.
También es necesario fortalecer la prevención. Muchos casos de vida en calle comienzan con la expulsión del hogar, el consumo temprano de sustancias, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar o la falta de oportunidades laborales. Si estas situaciones se atienden a tiempo, se pueden evitar trayectorias de exclusión más difíciles de revertir.
La política pública debe medirse por resultados concretos: personas que abandonan la calle, acceden a tratamiento, recuperan vínculos familiares, consiguen empleo, reciben atención en salud y encuentran una vivienda segura. También debe evaluar cuántas personas recaen, por qué abandonan los programas y qué ajustes son necesarios para garantizar procesos de largo plazo.
Pitalito no puede ignorar a los habitantes de calle ni abandonar a comerciantes y ciudadanos. La solución no está en escoger entre seguridad o derechos humanos, sino en construir una estrategia que proteja ambas dimensiones. Una ciudad ordenada no es aquella que esconde la pobreza, sino aquella que enfrenta sus causas, protege a sus habitantes y exige responsabilidades a sus instituciones.
La pregunta queda abierta:
¿Quién controla la calle y quién se hace responsable de las personas que viven en ella?
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