El proyecto de 1.490 millones de pesos permitirá la recepción de cadáveres, necropsias, peritajes forenses e identificación de cuerpos.
Por: Gisela Hurtado Celis.
Mediante licitación pública, avanza el proceso de definición de la firma contratista que se encargará de la construcción y dotación de la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el municipio de La Plata.
El proyecto busca fortalecer la prestación de servicios forenses y garantizar el acceso efectivo a la justicia en la región suroccidental del departamento y norte del Cauca.
El pasado 17 de octubre de 2025, el alcalde Camilo Ospina Martínez presentó el proyecto ante la Gobernación del Huila. Posteriormente, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 123-2025 entre la Gobernación del Huila (a través de la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios), el Instituto Nacional de Medicina Legal y el Municipio de La Plata, por un valor total de $1.490.973.821.
Los aportes se distribuyen así: el Instituto Nacional de Medicina Legal contribuirá con $204.795.000 en dotación de infraestructura; el Municipio de La Plata aportará el predio y los estudios y diseños; y la Gobernación del Huila cofinanciará con $1.286.178.821.
La Plata, centro subregional estratégico con influencia sobre más de 180.000 habitantes (incluyendo municipios como La Argentina, Tesalia, Nátaga, Paicol y zonas del norte del Cauca), actualmente carece de infraestructura forense adecuada.
Las necropsias y peritajes se deben realizar en Neiva o Pitalito, lo que genera retrasos superiores a tres días en más del 60% de los casos, pérdida de evidencias, revictimización y mayor impunidad en delitos de violencia sexual, intrafamiliar y contra la integridad personal.
La nueva sede permitirá realizar procedimientos medicolegales, necropsias, peritajes y análisis en tiempo oportuno, descongestionando las sedes regionales y mejorando la coordinación con FiscalíaGeneral de la Nación, la Policía nacional y el Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI.
El plazo de ejecución de la obra es de 5 meses, proyecto que está incluido en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 y representa un avance clave para equilibrar la presencia institucional, fortalecer la seguridad, la convivencia ciudadana y la protección de derechos fundamentales en un territorio afectado por desafíos de orden público.