La Defensoría del Pueblo alertó por el reingreso de la denominada Segunda Marquetalia, lo que supone inminentes hechos de violencia en la región.
Por: Héctor Fabio Muñoz Figueroa.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de Inminencia para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en el departamento del Huila, ante el riesgo elevado de confrontaciones armadas y violencia selectiva contra la población civil.
El documento advierte que el reciente reingreso de la Segunda Marquetalia Ejército Bolivariano (específicamente la Columna Teófilo Forero Castro) a esta zona estratégica genera una alta probabilidad de choques directos con el Frente Iván Díaz del Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño (Estado Mayor de los Bloques y el Frente – EMBF) y la Compañía Árlex Vargas del Bloque Central Isaías Pardo (Estado Mayor Central – EMC).
Estos grupos, con capacidades armadas y pretensiones de dominio territorial, han intensificado la imposición violenta de normas de control social, registrándose asesinatos selectivos, atentados, amenazas, extorsiones, cobros forzados y restricciones a la movilidad.
Los municipios, conectados por corredores viales y naturales clave entre Huila y Caquetá (incluyendo la Ruta 45), son vulnerables por su posición estratégica para economías ilegales y movilidad de grupos armados.
Afecta a unas 56.391 personas (23.669 en Algeciras y 32.722 en Campoalegre), con riesgos diferenciales para firmantes de paz (cerca de 38 en Algeciras y 192 en Campoalegre), liderazgos comunitarios, Juntas de Acción Comunal y productores agrícolas expuestos a extorsiones.
La alerta cierra y actualiza anteriores (como la 043-2020 para Algeciras y seguimiento de 2022), ante la transformación del escenario de control consolidado a uno de disputa subregional inminente, similar a lo ocurrido en San Vicente del Caguán (Caquetá).
Incluye 20 recomendaciones a entidades nacionales y territoriales para activar respuestas integrales: prevención urgente, protección humanitaria, investigación de violaciones, fortalecimiento institucional y garantía de derechos en zonas urbanas y rurales.
La Defensoría urge una movilización estatal inmediata para mitigar el riesgo y salvaguardar la vida, integridad y libertad de los habitantes ante esta escalada de amenazas humanitarias.