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viernes, septiembre 4, 2026

Medidas cautelares para proteger comunidad indígena en La Argentina 

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El asedio constante de los grupos armados ilegales llevó a la Unidad de Restitución de Tierras a solicitar protección especial para el pueblo Nasa. 

Por: Gisela Hurtado Celis. 

El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Neiva admitió la demanda de restitución de tierras presentada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) a favor del Resguardo Indígena Pickwe Inkh (o Piçkwe Ikh), perteneciente al pueblo Nasa, ubicado en las veredas El Cabuyo y El Llanito del municipio de La Argentina, occidente del departamento del Huila. 

Esta comunidad ancestral, conformada por cerca de 500 personas —hombres, mujeres, niñas, niños y mayores—, ha sufrido graves impactos del conflicto armado colombiano, que afectaron su territorio colectivo, sus prácticas culturales, su autonomía y su relación espiritual con la tierra, elemento central de su identidad, gobierno propio y transmisión de saberes ancestrales. 

Tras un exhaustivo trabajo técnico, jurídico y comunitario realizado en 2025, la URT caracterizó las afectaciones, validó con las autoridades tradicionales y logró la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), lo que permitió acudir a la vía judicial. 

El juez decretó medidas cautelares para proteger el resguardo, suspendiendo cualquier transacción o afectación sobre los predios mientras avanza el proceso. Además, ordenó inscribir la demanda en los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes. 

La decisión activa una ruta de acompañamiento reforzado, alineada con el Decreto Ley 4633 de 2011 —que establece medidas de reparación integral y restitución territorial para pueblos indígenas como sujetos de especial protección— y con estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Se prioriza el enfoque diferencial, favorabilidad e integración normativa. 

Este fallo representa un avance significativo en la reparación de derechos étnico-territoriales, reafirmando el compromiso del Estado colombiano con la justicia para comunidades indígenas víctimas del conflicto, preservando su pervivencia cultural y garantizando acceso oportuno a la justicia con respeto a su autonomía. 

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