Las sesiones extraordinarias en las que se analizan modificaciones al servicio de alumbrado público han caldeado los ánimos.
Por: Héctor Fabio Muñoz Figueroa – @hefamu1
En Garzón, la ciudadanía se enfrenta a una grave estigmatización por ejercer su derecho a cuestionar un proyecto municipal que descentraliza el alumbrado público y reforma el estatuto tributario, tramitado en sesiones extraordinarias del Concejo.
Líderes sociales, veedores y habitantes habrían sido presuntamente señalados como “terroristas” por la presidenta del Concejo Chirly Yohanna Lamilla Quintero quien en una reacción airada lanzó fuertes calificativos a quienes intentan opinar desde la diferencia.
La situación se generó en espacios en los que los representantes de la comunidad plantearon preguntas entre las que están: ¿Por qué tantas inconsistencias en el estudio técnico que sustentó el proyecto? ¿Por qué una alianza de 20 años con un privado? ¿Cómo se protege lo público? ¿Por qué la urgencia en lograr su aprobación?
Los ciudadanos manifiestan que, en lugar de respuestas, las autoridades han optado por el silencio y la descalificación, hecho que rechazaron dada la naturaleza democrática bajo la cual se deben discutir los asuntos de interés general.
Para distintos lideres ciudadanos de Garzón, estas declaraciones no solo censuran, sino que aíslan y exponen a la comunidad.
Finalmente, el proyecto de acuerdo mediante el cual se actualizan las competencias conferidas a las Empresas Públicas de Garzón (EMPUGAR E.S.P.) y se formaliza la descentralización del sistema de alumbrado público, fue aprobado con 12 votos a favor y 3 en contra.