-Líderes de Asoquimbo le ganaron batalla judicial a Emgesa-

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Tras la audiencia realizada en el Palacio de Justicia de Garzón, en donde la multinacional Emgesa buscaba lograr el encarcelamiento de los líderes sociales Miller Amín Dussán Calderón y Elsa Ardila Muñoz, el juez de caso tomó una decisión.

Por: Hector Fabio Muñoz Figueroa.

Los hechos en los que los abogados de la multinacional Emgesa, propietaria de la construcción de la central hidroeléctrica El Quimbo pretendía hacer que los dirigentes fueran a prisión, sucedieron en el año 2012 cuando una protesta por parte de los afectados de la mega obra, decidieron manifestar su inconformismo.

Protesta Asoquimbo año 2012.

La pretensión de la multinacional era hacer que Miller Dussán y Elsa Ardila, quedaran presos por liderar una manifestación desarrollada en el año 2012, cuando tras múltiples solicitudes de compensación, los dirigentes decidieron junto con los damnificados apostarse sobre la vía entre Puerto Seco y el Puente Paso del Colegio.

De ahí en adelante, y buscando la judicialización de los dirigentes los abogados se adentraron en un proceso jurídico en el que acusaban a Dussán y Ardila de ser los artífices del delito de obstrucción de vías públicas, algo prohibido por la legislación nacional.

Diversas maniobras de tipo jurídico, inclusive cartas enviadas al despacho judicial desde Italia, intentaron acabar con la libertad de los dirigentes de Asoquimbo, sin embargo, la demostración de no acometimiento del delito por parte de la defensa del docente y su compañera, terminaron por demostrar que no hubo tal taponamiento, debido a que, para el tiempo de las manifestaciones, el paso vehicular había sido suspendido por daños en el puente Paso del Colegio.

Esa demostración, evidencio que las pretensiones de la multinacional eran infundadas y que la petición de pedir cárcel para el profesor Miller Amín se quedaban sin sustento.

Finalmente, el Juez Primero Penal con funciones de conocimiento Jairo Fernando Fierro Cabrera precluyó el proceso y decidió amparar el derecho a la protesta social de los acusados, a quienes no se les logro demostrar violencia o delito alguno en la manifestación.

Con esta decisión los acusados, aunque vinculados al proceso, tendrán la tranquilidad de no ser recluidos en la cárcel por defender los intereses de las familias que en muchos casos aún no han recibido las compensaciones establecidas.

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