Imponen millonaria multa contra el alcalde de Garzón

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El no verificar las medidas de prevención y seguridad en un evento popular masivo que a última hora se programó como remate de las fiestas sanpedrinas del año 2008, le implicó una fuerte sanción económica a Edgar Bonilla Ramírez.

Por: Gerardo Calderón España – @gerarcaes

Aunque suene fortuito, el alcalde de Garzón, Edgar Bonilla Ramírez, tendrá que pagar una millonaria indemnización por haber permitido el funcionamiento de una corraleja improvisada que se desplomó en el 2008 cuando ocupaba por primera vez el mismo cargo. El espectáculo público fue organizado por la Asociación de Industriales de la Carne (Asoinducar), encargada de la operación y la administración del matadero local.

Edgar Bonilla Ramírez, alcalde de Garzón Huila

La corraleja fue incorporada en la programación del Festival y Reinado Departamental de la Alegría en su versión No. 46 y promocionada ampliamente para el remate de las fiestas.

Según la administración municipal, el evento no estaba contemplado inicialmente. Sin embargo, la asociación de matarifes Asoinducar, ajena a la administración, montó y construyó un encierro rústico, en donde soltó unas vacas criollas para que quien quisiera saliera a capotearlas.

El espectáculo fue organizado en el coliseo de ferias, de propiedad del municipio, sin las medidas de seguridad necesarias para evitar una tragedia. Pero ocurrió. La débil estructura colapsó hacia las cuatro de la tarde. Varios palcos se desplomaron el domingo 29 de junio de 2008 en el clímax de las fiestas sampedrinas.

Milagrosamente el suceso no dejó víctimas humanas, pero si varios lesionados. Uno de ellos, William Sánchez Liévano, comerciante de la plaza de mercado, dedicado a la compra y venta de carne, resultó con un severo trauma que le dejó una deformidad permanente.

Graves secuelas

De acuerdo con la historia clínica, el paciente fue atendido en el Hospital San Vicente de Paúl en el servicio de urgencias esa misma tarde. Dada su complejidad requirió de atención en ortopedia y cirugía.

“El paciente presentaba una fractura compleja en la tibia con compromiso de peroné. Finalmente recibió toda la atención médica y fue intervenido quirúrgicamente por osteosíntesis de tibia y peroné”, reportó el centro asistencial.

Aunque el paciente recibió el tratamiento médico, no logró fácil su recuperación. El 23 de septiembre de 2009, Sánchez Liévano fue intervenido quirúrgicamente por segunda vez.

El 26 de abril de 2010, la a Junta Regional de Invalidez del Huila determinó que tenía una pérdida de la capacidad laboral total del 19.60% por la fractura de tibia y peroné y una leve artrosis inicial postraumática, derivada del accidente. El comerciante quedó con una deformidad física de carácter permanente.

Dos años después el 21 de julio de 2010 se logró una conciliación. El acta fue suscrita y expedida el 28 de julio del mismo año.

No autorizada

“Las personas que asistieron al evento no autorizado por el municipio, lo hicieron espontáneamente, libre de apremio, sin pagar dinero a la administración y que sabían a qué se exponían al subirse a un encierro de tal naturaleza”, respondió la administración municipal.

En el mismo sentido se pronunció la compañía de seguros La Previsora, llamada en garantía, en la demanda de reparación.

“La administración no tiene responsabilidad por los hechos ocurridos ni con las lesiones ocasionadas al demandante, ni con la causa que originaron el derrumbamiento de los palcos de la corraleja, ya que su construcción y técnica utilizada estaba en cabeza de la empresa operadora”, advirtió el apoderado de la aseguradora.

La construcción- dijo- fue realizada por Asoinducar, agremiación directamente responsable del cuidado y control de personal para evitar su derrumbamiento.

Aduciendo que el afectado pertenecía al gremio de los matarifes de la plaza de mercado el mismo que organizó y construyó el encierro, era conocedor del peligro que se sometía al subirse a un tablado o tarima sin las medidas de seguridad, riesgo que el afectado no puede trasladar al municipio.

La responsabilidad

No obstante, la administración local perdió el pleito. El Tribunal Administrativo del Huila condenó a la administración a pagarle 85 millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionados. De éstos 29,52 millones corresponden a los perjuicios y daño a la salud y 55,50 millones de pesos por lucro cesante.

“En este caso-dijo- es claro que correspondía al alcalde municipal de Garzón, como autoridad sobre la que recaía esa competencia, autorizar este tipo de espectáculos y, por lo tanto, estaba obligado no solo a verificar que se cumplieran las condiciones técnicas en la construcción de la estructura en donde se realizaría la llamada corraleja, sino también a garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir cualquier evento riesgoso”.

“El municipio estaba en la obligación de adoptar las medidas de prevención y seguridad para la realización del evento, organizado o patrocinado por la asociación de matarifes de la localidad Asoinducar.

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