Graves irregularidades por mas de 800 millones de pesos, halló Contraloría en Rivera Huila

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El ente de control departamental, tras aplicar auditoria al desempeño administrativo y presupuestal de la vigencia 2012-2015, detecto aparentes irregularidades en la alcaldía de ese municipio.

Por: Gisela Hurtado Celis – @giselahcelis

Graves irregularidades en materia de suscripción de contratos, gestión del presupuesto y fallas de tipo administrativo que pueden llegar a tener implicaciones de tipo fiscal y judicial, encontró la Contraloría General del Huila tras auditoria regular efectuada en la alcaldía de Rivera.

De acuerdo con Adriana Escobar Gómez la contralora del departamento, en ejecución del Plan de Auditorias 2017 que la entidad realiza en todo el departamento, el turno fue para el municipio verde del Huila donde tras verificar las actuaciones de tipo administrativo y fiscal de la vigencia 2013-2016, se encontraron diversas situaciones de tipo irregular.

A través de un comunicado, la funcionaria informó que en las revisiones se detectaron actuaciones non sanctas por parte de las personas encargadas de configurar la administración pública y la gestión del presupuesto, por lo que se abrieron procesos que podrían acarrear fuertes sanciones en caso de confirmarse las responsabilidades correspondientes.

Los hallazgos, dan cuenta de 30 situaciones administrativas catalogadas como insanas y perjudiciales para el correcto desempeño la función pública y que sucedieron durante el gobierno del exalcalde José Luis Bahamón Montealegre.

La auditoría arrojo que en 5 casos se halló presunción disciplinaria y en 8 la implicación de las actuaciones, tuvieron un impacto fiscal que pudo haber afectado la ejecución de 827 millones de pesos.

Los hechos investigados, corresponden al periodo del ex alcalde Jose Luis Bahamón Montealegre

Entre las situaciones encontradas figuran, la adquisición irregular de combustibles, existencia de contratos con duplicidad de funciones del personal de planta de la nómina del municipio además de la obligatoriedad expresa del pago intereses moratorios por demandas de tipo administrativo y laboral causadas desde el año 2013 entre otras.

Las auditorias internas que la Contraloría General del Departamento ha efectuado durante 2017 han permitido detectar actuaciones irregulares que en los entes públicos de los municipios han implicado millonarias perdidas de los recursos destinados al correcto funcionamiento y la resolución de déficits sociales.

Se indicó la apertura formal de procesos de responsabilidad a funcionarios involucrados en la responsabilidad de la gestión pública, además de las personas beneficiadas con las actuaciones irregulares.

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