La familia de una menor de edad que en 2008 resultó lesionada en su rostro cuando participaba del desfile de añosviejos interpuso demanda y será idemnizada con cargo al municipio.
Por: Hector Fabio Muñoz Figueroa.
Una millonaria sanción económica que asciende a los 400 millones de pesos contra el Municipio de Saladoblanco, que fue encontrado corresponsable de un caso de ataque químico contra una mujer que participaba de un desfile de añoviejos en el año 2008, acaba de ratificar el Tribunal Administrativo del Huila.
Los hechos de lo que resultó victima una menor de edad identificada como Yency Fernández Montoya, sucedieron la tarde del 31 de diciembre del año 2008, cuando ella y varios de sus familiares participaban del desfile de añoviejos que la alcaldía en cabeza de Hector Gustavo Silva, había autorizado realizar.
La joven que se encontraba departiendo en el sitio por donde pasaba la caravana, recibió en su rostro una cantidad de talco que según se comprobó con posterioridad, contenía una sustancia altamente corrosiva y eso le produjo graves afectaciones en su salud y estética.
Tras los hechos, la familia de la víctima interpuso denuncia contra la autoridad administrativa del municipio dado que fue la alcaldía quien autorizó la realización del evento, comprobándose con posterioridad que no se dispuso de los mecanismos preventivos suficientes para manejar las afectaciones a terceros que este pudiera desencadenar.
Tras varios años en que el proceso surtió los tramites y a que la parte demandada, apeló las decisiones con miras a evitar asumir el costo de las sanciones, el alto Tribunal ratificó la sentencia que había sido proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de la ciudad de Neiva en providencia emitida el 27 de marzo de 2015.
Tras la decisión que fue notificada, el municipio deberá cancelar la millonaria suma a la familia afectada, como una medida de reparación económica por los daños causados, máxime cuando la víctima sufrió severos e irreversibles daños en el rostro, además de la pérdida parcial del sentido de la vista.
Tras el pago de la sanción, la actual alcaldesa tendría la facultad de interponer el recurso de acción de repetición contra los funcionarios que para la época decidieron de forma irregular autorizar el evento, que terminó en tragedia para una familia residente en la zona rural.